El Gobierno y la empresa india Jindal Steel & Power (JSP) abrieron un proceso de diálogo para darle solución al arbitraje iniciado el año pasado por la multinacional al Estado boliviano. Según la Procuraduría, Jindal hizo “una pausa” en el proceso arbitral que le sigue al país en la CCI.
En 2007, Jindal Steel Bolivia, subsidiaria de la Jindal Steel & Power (JSP), suscribió un contrato con la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) para desa-rrollar y explotar el yacimiento de hierro del Mutún en Santa Cruz. El 15 de abril de 2010 la firma estatal decidió ejecutar las dos primeras boletas de garantía de la Jindal, que sumaban $us 18 millones, por la falta de renovación de la garantía. Frente a esta decisión, la compañía presentó una demanda arbitral en contra de la ESM ante la Corte de Comercio Internacional (CCI), con sede en París, en Francia.
Situación. El 4 de mayo de 2012, el Gobierno ejecutó una segunda boleta de garantía por unos $us 18 millones debido a un supuesto incumplimiento de la Jindal en sus compromisos para seguir al frente de la explotación del yacimiento. A raíz de esta decisión, la JSP presentó el año pasado un segundo arbitraje contra el Estado boliviano y la ESM por unos $us 100 millones.
“Estamos abriendo un proceso de diálogo con la empresa Jindal (...). Se ha hecho una pausa en el arbitraje que ellos tienen en la Corte de Comercio Internacional (CCI). Podemos ver que existe la posibilidad de llegar a una solución”, reveló ayer el procurador general del Estado, Héctor Arce.
La autoridad precisó que este acercamiento es por el segundo proceso abierto por la Jindal en la CCI, ya que en el primero, el Juzgado 1° de Partido en Materia Civil y Comercial de Santa Cruz de la Sierra anuló el fallo que la Corte de Comercio Internacional emitió la anterior gestión, el cual obligaba a la ESM a pagar a la JSB $us 18 millones, más intereses ($us 4,5 millones), por ejecutar las boletas de garantía de la multinacional india.
El Procurador General del Estado complementó que se espera llegar a una posible conciliación con la compañía extranjera, aunque “si no (se concretaran las negociaciones), Bolivia tiene todos los elementos para defenderse de la manera más solida”.
Desde que asumió la presidencia por primera vez en 2006, el mandatario Evo Morales nacionalizó una veintena de empresas petroleras, eléctricas, cementeras y mineras, entre otras, de inversores estadounidenses, canadienses, europeos e inclusive bolivianos.
“En Bolivia no dialogamos bajo presión de nada ni de nadie; si se abren procesos de diálogo, como lo estamos haciendo ahora con la empresa Jindal, se abre un periodo de pausa en el arbitraje y dentro de esa pausa, que puede ser de meses o años, negociamos para llegar a un acuerdo; si no, sigue el arbitraje”, manifestó la autoridad.
El año pasado, el país llegó a acuerdos con Rurelec, Red Eléctrica Internacional y Pan American Energy.
“Bolivia es el país que más ha nacionalizado, el que más beneficios ha obtenido de los procesos de nacionalización y el que menos conflictos jurídicos tiene”, subrayó el Procurador.
Los otros arbitrajes
Héctor Arce informó que actualmente existen dos procesos arbitrales en contra del país “que no están activos”: el de Air BP, que comercializaba combustibles para aviones, y el de Glencore, por la nacionalización de Vinto.
Bolivia aún encara cinco procesos arbitrales
El Estado boliviano enfrenta “cinco procesos arbitrales activos” interpuestos por empresas que sufrieron la nacionalización de sus acciones o alegan incumplimientos de contrato. Estos juicios “no generan un riesgo para el país”, de acuerdo con el procurador general del Estado, Héctor Arce.
La autoridad afirmó que de los diez procesos arbitrales que enfrentaba el país, cinco fueron resueltos, tres de ellos el año pasado.
Los arbitrajes que actualmente están vigentes son los de Química Industrial Borax, el cual quedó estancado desde 2013; Iberdrola, que se encuentra “en pausa”; Jindal Steel Bolivia, que está “en un ambiente de negociación”, y Abertis, que “ha pedido una prórroga en el arbitraje y que ha solicitado la suspensión de las audiencias que deberían realizarse en 2014”. El quinto, que Arce no mencionó, es el interpuesto por South American Silver por la reversión de su concesión en la mina Mallku Khota.
“No hay ningún proceso que genere ningún marco de preocupación al país. Todo está absolutamente seguro”, sostuvo Arce.
En 2014, “los arbitrajes cerrados fueron los de Rurelec, que fue favorable para el Estado; Red Eléctrica Internacional y el más grande, que era Pan American Energy”.
