Durante este año, la Procuraduría General del Estado (PGE) asumió la defensa en el arbitraje iniciado por Jindal Steel Bolivia (JSB) por la ejecución de sus boletas de garantía, luego de que el Gobierno denunciara el incumplimiento del contrato de riesgo compartido para explotar el Mutún.
El proceso arbitral data de 2011 y fue presentado ante la Corte Permanente de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París.
A la fecha, el país enfrenta cinco arbitrajes; además, tiene un caso cerrado, otro a la espera del fallo o laudo arbitral, uno está con notificación de controversia y dos fueron suspendidos. En total, el país afronta 10 casos (ver cuadro).
En la rendición pública de la PGE, de fines de 2013, la controversia con Jindal no figuraba en la lista de procesos iniciados contra el Estado y las acciones seguidas al respecto.
En un evento similar realizado en Sucre, a fines de mayo, el subprocurador Pablo Menacho informó que una de las primeras medidas asumidas en defensa del Estado en la demanda de Jindal fue objetar la jurisdicción del tribunal de arbitraje, que está a cargo de la Cámara de Comercio Internacional de París.
Se argumentó que no hay ningún Tratado Bilateral de Inversión (TBI) suscrito con India.
El cónsul general honorario de la India en Bolivia, Jorge Velázquez, informó ayer que el embajador de la India para Perú y Bolivia, Maprert Vohra, debía llegar la pasada semana para reunirse con el procurador general del Estado, Héctor Arce.
Sin embargo, el encuentro no se llevó a cabo debido a que el vuelo del diplomático hacia Bolivia fue suspendido, aunque dijo desconocer el motivo.
En 2011, Jindal interpuso un arbitraje por la ejecución, en abril de 2010, de sus boletas de garantía por 18 millones de dólares, que entregó como compromiso de las inversiones en el proyecto siderúrgico del Mutún, en Santa Cruz.
La segunda boleta fue ejecutada en 2012, debido a que la compañía india no la renovó en el plazo definido.
En ese año el Ministerio de Minería acusó a la empresa india de no invertir 600 millones de dólares durante los dos primeros años, como estaba acordado, y sostuvo que la ejecución sólo llegó a 12 millones de dólares.
Abogado de la firma india ve trabas para llegar a acuerdo
La imputación formal que hizo el Ministerio Público a los tres ejecutivos de la empresa Jindal Steel Bolivia (JSB) será una traba para llegar a un "acuerdo amistoso”, antes de entrar al arbitraje internacional, afirmó ayer el abogado de la empresa privada, Jorge Valda.
"El lunes (23 de junio), el Ministerio Público hizo la imputación formal contra los ejecutivos de la Jindal. Entonces, por un lado, la Procuraduría del Estado intenta conciliar por la vía pacífica, pero otro lado hay una persecución, esto de alguna manera afectará en el diálogo que se intente hacer”, declaró el asesor.
Según el informe, la acusación se presentó contra Vikrant Gurjral, expresidente de la JBS; Arvind Sharma, exgerente general, y Sushil Kumar, representante administrativo financiero, sobre quienes pesa el delito de contratos lesivos al Estado.
El jurista dijo que lo primero que se debe resolver son los procesos arbitrales, pero para ello la Fiscalía de La Paz debe cesar la ilegal "persecución”, si se considera que uno de los exejecutivos era representante consular y gozaba de inmunidad diplomática.
Paralelamente, dijo que está pendiente la fijación de la sede donde se dirimirá la controversia, que puede ser en Bolivia o en otra nación, aunque Jindal objeta que sea en el país por falta de seguridad jurídica.
El proceso arbitral fue interpuesto en la Cámara de Comercio Internacional (CCI) de París, sólo falta designar los tres árbitros, agregó Valda. En 2007, la JBS y de la Empresa Siderúrgica del Mutún firmaron un contrato de riesgo compartido por el que la firma se comprometió a invertir 600 millones de dólares en los dos primeros años, pero según el Gobierno incumplió y en 2012 decidió disolver el contrato.
