Jindal pide al Gobierno garantías y una reunión en ‘sitio neutral’

Tweet Tras el allanamiento de sus oficinas, Jindal pidió al Gobierno “garantizar la seguridad de sus bienes y de sus empleados”. Afirmó que el Ejecutivo tiene la intención de “amedrentar” a la firma y sus personeros. Planteó una reunión con la ESM en un sitio neutral o por videoconferencia.

“La acción del Ejecutivo muestra que el Gobierno boliviano está recurriendo a los procedimientos penales y su intención es la de amedrentar a la empresa y a sus empleados”, señala un comunicado emitido en Nueva Delhi (India) por Jindal Steel & Power Limited (JSLP), difundido por el diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ) y traducido por La Razón.

El viernes, el Ministerio Público allanó las oficinas de Jindal Steel Bolivia (JSB) en La Paz, Santa Cruz y Puerto Suárez, como parte del proceso judicial en contra de cuatro de sus ejecutivos por ser presuntos responsables del delito de incumplimiento de contrato para la industrialización del Mutún. En ese marco, la siderúrgica india pidió al Gobierno boliviano “garantizar la seguridad de nuestros empleados y activos (bienes) que legalmente nos pertenecen”, difundió WSJ.

JSPL también dijo al diario estadounidense que el ministro de Minería, Mario Virreira, se comunicó con sus ejecutivos para tener una reunión extraordinaria para resolver las discrepancias entre ambas partes; y “viendo las circunstancias actuales, la firma ha propuesto la celebración de la reunión en un lugar neutral o por medio de una videoconferencia”.

El viernes, al menos 30 policías militares intervinieron el Complejo Siderúrgico del Mutún, ubicado en Puerto Suárez (Santa Cruz). Con una orden judicial emitida desde La Paz, el fiscal Sergio Tarquino procedió a cerrar las oficinas administrativas de JSB.

Los policías resguardaban los ingresos a la planta y al cerro del Mutún, terreno donde están las chancadoras que procesan el mineral. Ningún personero de Jindal se quedó en las instalaciones luego del desalojo.

WSJ, en su edición digital, publicó que un vocero de Jindal detalló que en Puerto Suárez dos gerentes de JSB fueron detenidas en su casa, luego interrogadas y más tarde liberadas. El personero señaló que las acusaciones del Gobierno fueron “frívolas” y que la “intención de dicha acción” se hizo para “intimidar a los empleados”.

Sobre el proceso en contra de los ejecutivos de JSB, ese vocero expresó que la firma niega las acusaciones y que se actuó de buena fe y culpó al Ejecutivo boliviano de “no proporcionar la cantidad comprometida de gas”. El 16 de julio, JSB decidió terminar el contrato de riesgo compartido suscrito con la estatal Empresa Siderúrgica del Mutún. El contrato dispone que ambas partes concilien diferencias.

JSPL ratificó que la decisión de rescindir el contrato es por “la falta de voluntad de parte del Gobierno” para abastecer el suministro de gas en los plazos fijados al proyecto de la acería.

En Santa Cruz, el fiscal Aldo Ortiz, que inició de oficio la investigación, anunció que ocho personeros fueron citados a declarar. En La Paz, se incautaron dos CPU de computadoras y “algo” de documentación.

JSB indicó que envió una carta al ministro de Relaciones Exteriores de la India, S.M. Krishna, sobre el problema, pero aún no recibió respuesta. Seguimiento desde PerúUn vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de la India dijo que la “embajada y la Embajada de Perú (que también cubre Bolivia) está ayudando y hará un seguimiento en conjunto con el Gobierno boliviano sobre los últimos temas”. Empleados de Jindal anuncian protestasJorge Quispe

Al menos 150 trabajadores de Jindal Steel Bolivia se movilizarán a partir de mañana en Puerto Suárez, ante el cierre de la empresa india y el allanamiento de sus oficinas, informó el dirigente Sandro Rejas.

“El lunes tomaremos decisiones porque no podemos permitir que nos echen de nuestros trabajos. ¿Ahora quién nos va a pagar?, ¿quién nos va a dar nuestras indemnizaciones?”, protestó Rejas conmovido por el cierre de Jindal.

El gigante asiático el 16 de julio anunció su salida del país, ante el incumplimiento del Estado, dijo, en la provisión de gas para el proyecto siderúrgico. Una orden judicial desde La Paz, ordenó el allanamiento de las instalaciones por incumplimiento de contrato y contratos lesivos al Estado.

“Ya no podemos hacer nada, la Jindal tendrá que entenderse con el Estado en el tema legal, pero ahora toca luchar por nuestras fuentes laborales y porque nos paguen”, insistió Rejas.

Ellos ya se reunieron la noche del viernes y lo harán nuevamente el lunes, mientras esperan que la Asamblea de la Porteñidad y el municipio se pronuncien a su favor. “Nosotros los apoyaremos en todas sus decisiones”, adelantó el cívico José Luis Santander.

En Puerto Suárez sienten el impacto de intervención de oficinas de Jindal

Tweet Luego de la sorpresiva militarización de las oficinas de la Jindal Steel Bolivia (JSB) y del cerro Mutún, la población de Puerto Suárez y Puerto Quijarro aún no se recupera de esta noticia, perocontinúa con su actividad habitual.

Hay sectores que sienten el impacto del truncado proyecto siderúrgico, porque les genera un desequilibrio económico que se manifiesta en menores ventas, en urbanizaciones a medio construir y en oferta de terrenos, casas y en deudas bancarias.

Dirigentes cívicos de Santa Cruz y ese municipio fronterizo no descartan medidas de presión ante la paralización del proyecto.

En la plaza 16 de Julio de Puerto Suárez, que funciona como un termómetro para medir la actividad comercial de la ciudad, en no más de seis cuadras se apiñan negocios de ropa, de materiales de construcción, librerías, locales que ofrecen celulares, carnicerías, puntos de llamada, pequeños restaurantes y mototaxistas.

En el lugar la actividad económica es febril, se nota la presencia de brasileños que aprovechan el fin de semana para cruzar de Corumbá y comprar algunos artículos, que les cuesta tres o cuatro veces menos que en su país. En este punto las personas que venden ropa, productos para el hogar, productos para la ganadería, tienen su momento de gloria.

Antonia Rojas llegó hace 25 años desde La Paz y, junto a su esposo, se hace cargo de una ferretería. Para ella la salida de la Jindal tuvo un impacto directo pues en el tiempo que estuvo la empresa extranjera ella se encargaba de venderles materiales para la construcción, repuestos para la instalación eléctrica y fierros.

“Hace unos seis meses que la venta de estos productos ha disminuido. Ya no compraban (la Jindal) como antes y las personas que habían llegado del interior también dejaron de venir a mi ferretería. Eso nos preocupa, pero el pueblo no va a morir, siempre habrá modos para seguir trabajando”, indicó Rojas.

Yolanda Cáceres, una cochabambina de sonrisa amplia, mientras espantaba las moscas que buscan posarse en las chuletas de cerdo y de res que ofrece, aseguró que cada vez cuesta más poder vender la cantidad suficiente de carne para cubrir los gastos del alquiler, de la luz y del agua. Aseguró que hacen falta más trabajadores que ganen un buen salario y que estos lo gasten en el mercado, y con la salida de la Jindal cree habrá menos circulante de efectivo y por consiguiente sus ventas serán menores.

Menos preocupado está Jorge Camacho que remarcó que con la empresa Jindal o sin ella su negocio seguirá funcionando como hace 30 años, cuando fue uno de los primeros en apostar por la comercialización de ropa, pues entre su clientes principales están los brasileños y estos a su criterio seguirán cruzando la frontera en busca de mejores precios.

Donde se nota de manera más contundente el freno del proyecto Mutún es en el negocio de los inmuebles y de la tierra. Una importante cantidad de personas llegadas del interior compraron un terreno y apostaron por construir sus viviendas. Otros, con mayor poder adquisitivo, compraron tierras para edificar distintas urbanizaciones; todo eso quedó a mitad de camino con la consiguiente depreciación del precio de los terrenos.

René Quispe, propietario de una tienda del barrio Víctoria, recuerda que compró su terreno hace cuatro años, en 6.000 dólares y que con la construcción de su casa gastó otros 5.000. Ahora, por la caída de las ventas, quiere volver a Potosí; pero nadie le quiere pagar más de 7.000 dólares por su propiedad.

Anuncian seguimiento penal para ejecutivos de Jindal

La Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, que investiga la denuncia del Gobierno por incumplimiento al contrato de riesgo compartido para explotar el yacimiento de hierro del Mutún, anunció para hoy la segunda parte de las pesquisas en las que se incluirá un seguimiento penal que puede derivar en el pedido de medidas internacionales contra los ejecutivos de la Jindal Steel Bolivia (JSB), señaló el fiscal a cargo, Aldo Ortiz

Un día después de haber allanado las oficinas de Jindal en La Paz, Santa Cruz y Puerto Suárez con apoyo militar y policial, el fiscal Ortiz indicó que pedirá información a la oficina de Migración para confirmar cuándo y cómo salieron del país los ejecutivos de la empresa india.

Después del allanamiento, ocho personas brindaron su declaración informativa a requerimiento de la Fiscalía.

Las primeras pesquisas señalan que el representante legal de Jindal, Vikrant Kumar Gujral, habría salido del país por vía aérea y que los otros dos miembros del directorio se fueron por vía terrestre.

La Fiscalía realizará el requerimiento para conocer los detalles, con lo que se comenzarán a definir las medidas de tipo penal y ver si se puede pedir la participación de Interpol.

CÍVICOS de Puerto Suárez alistan paro y bloqueos

Tweet La dirigencia cívica de la provincia cruceña de Puertos Suárez anunció el inicio de paros y bloqueos por la decisión de Jindal Steel Bolivia (JSB) de retirarse del proyecto siderúrgico del Mutún.

Las advertencias de los cívicos surgen luego de que el viernes personal del Ministerio Público intervino las oficinas de JSB en Puerto Suárez, La Paz y Santa Cruz. La planta de la compañía en el yacimiento del Mutún fue militarizada para vigilar la maquinaria que se encuentra en el lugar.

El cívico Antonio Tudela dijo a la red Unitel que se adoptarán “medidas como bloqueos y huelgas” para que el anhelado proyecto se ejecute.

En tanto, el diputado Luis Felipe Dorado anunció que se pedirá a las autoridades departamentales la realización de un cabildo en Puerto Suárez en busca de soluciones del problema que se atraviesa por el Mutún.

Jindal, por voluntad propia, decidió romper el contrato de explotación de hierro en el Mutún y anunció juicios internacionales en contra del país. El Gobierno hará lo propio.

Si no se rescinde con Jindal en 90 días vendrá el arbitraje

Tweet El Gobierno anuncia que si en 90 días no se produce una rescisión de contrato con Jindal vendrá el arbitraje, pero de acuerdo con leyes bolivianas, en aplicación del “régimen de solución de controversias del acuerdo” suscrito en 2007.

“La Jindal envía cartas, firma acuerdos manifestando su intención de resolver a través del diálogo, por la vía amigable, estas controversias, pero después de hacer eso manda otras cartas indicando que quiere resolver el contrato, entonces tiene que definirse. Ambas empresas tienen un plazo de hasta 90 días para tratar de ponerse de acuerdo, dentro de lo que establece el contrato de riesgo compartido”, explicó el viernes el director del departamento jurídico del Ministerio de Minería, Juan Carlos Carrasco.

Respecto a la fecha de comienzo del plazo de 90 días, el funcionario afirmó “que ése es un tema que tienen que establecer los ejecutivos de la empresa (ESM o Jindal), no me corresponde a mí señalar el tiempo desde cuándo empieza a correr”.

Recordó que el grupo indio no asistió a la reunión extraordinaria que convocó la estatal Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) para dialogar sobre las controversias surgidas en torno al proyecto de explotación e industrialización del hierro del cerro del Mutún, Santa Cruz.

Carrasco explicó que “ellos han hecho conocer, a través de una carta de fecha 16 de julio, que por su parte dan por resuelto el contrato, pero para que se resuelva el contrato faltan algunos otros pasos. Precisamente por esa causa ha sido que la ESM ha convocado a esta reunión, para tratar en ese nivel de resolver las controversias, eso establece el contrato. El contrato no se resuelve porque una de las partes diga ‘para mí está resuelto el contrato’. Existe una contrato que está vigente”.

Volúmenes incrementales

“En el tema del gas hemos hecho llegar el contrato borrador (a Jindal) con volúmenes incrementales por año y son esos volúmenes los que están en mesa para una futura empresa que venga a querer negociar el precio del gas”, dijo el viernes el ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa, a tiempo de asegurar que la empresa india tendrá -si continuaría operando- un volumen inicial de 2,5 millones de metros cúbicos por día (Mmcd) para la empresa que ejecute ese proyecto, hasta un total de 10 Mmcd requeridos para la explotación de hierro del Mutún, Santa Cruz.

Sosa dijo que Jindal suspendió unilateralmente la negociación con YPFB, respecto al suministro de gas, antes de rescindir el contrato. “YPFB ha hecho llegar un borrador con los volúmenes, los precios. Pero (Jindal) dejó el contrato en stand by (en espera)”

El Mutún “siempre pareció estar lleno de riesgos”

Tweet “El proyecto –el Mutún- siempre pareció estar lleno de riesgos”, afirma Niraj Shah, analista de Fortune Capital Corredores de la India a la última publicación de la revista Bloomberg, de EEUU.

“La culminación del proyecto boliviano es positiva para la compañía porque permitirá invertir esos recursos en proyectos más fructíferos”, aseveró. Sin embargo asegura que “fue sorprendente que hubiese obtenido ese gran depósito (2.100 millones de dólares) sin ningún tipo de competencia de los pesos pesados de la minera BHP Billiton Ltd. (BHP) y Río Tinto Group.”.

Shah, quien tiene una recomendación de compra sobre las acciones de Jindal, dijo que no tuvo en cuenta el proyecto de Bolivia en su valoración de la compañía. Las acciones de Jindal cayeron un 6,1% este año, comparado con una ganancia del 12% en el índice de referencia.

“Hay problemas en la India, pero las cosas no son fáciles en otros lugares tampoco”, dijo Arvind Sharma, ejecutivo del negocio del acero. “Los mercados de crecimiento para el acero son la India y el sudeste asiático y nuestros proyectos están bien situados para alimentar este mercado”.

En Bolivia, la Fiscalía allanó el viernes las oficinas de Jindal en Santa Cruz, La Paz y Puerto Suárez en el marco de la investigación sobre el incumplimiento del contrato que le sigue el Ministerio de Minería, una vez que la empresa decidió dejar el Mutún.

Inversión en India y Omán

Jindal Steel & Power Ltd., la segunda mayor siderúrgica de la India, invertirá 6.300 millones de dólares para expandir su producción en Omán e India, después de desechar un acuerdo para desarrollar yacimiento de hierro en el Mutún (Santa Cruz), de acuerdo con una publicación de la revista Bloomberg, de EEUU.

Sus fábricas cuadruplicarán la producción de acero hasta el 2015, hasta llegar a 13 millones de toneladas métricas anuales.

Arvind Sharma, director ejecutivo del negocio del acero, afirmó que la compañía expandirá en su producción en tres millones de toneladas al año en el estado central indio de Chhattisgarh. Adicionalmente, está construyendo una planta de cinco millones de toneladas en el estado oriental de Orissa, otra planta de tres millones de toneladas en Jharkhand y un centro de dos millones de toneladas en Omán. Jindal, dirigido por el diputado y multimillonario hindú Naveen Jindal, dijo el 17 de junio que puso fin a un contrato para invertir 2.100 millones de dólares en el Mutún.

Jindal firmó un acuerdo en 2007 con el Gobierno para desarrollar 20.000 millones de toneladas de reservas de mineral de hierro en el Mutún, construyó un molino de acero de 1,7 millones toneladas, una planta de hierro esponja y una fábrica de gránulos de hierro. Para suplir su demanda, Jindal –señala la revista- comprará hierro de los mineros en la India, incluyendo NMDC Ltd. (NMDC), y lo convertirá en pellets para su uso.

Arbitraje por el Mutún será con leyes bolivianas

Tweet “La sede del arbitraje será dentro del territorio nacional definido por los miembros del tribunal arbitral. Las leyes aplicables serán las Leyes de la República de Bolivia”, señala la cláusula 42.3 del Régimen de Solución de Controversias del acuerdo.

El 16 de julio, la compañía india Jindal Steel Bolivia (JSB) envió una carta a la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) en la que da por terminado el contrato de riesgo compartido que suscribió el 18 de julio de 2007.

La misiva fue enviada en cumplimiento a los 30 días de plazo fijado en el contrato, después de que el 8 de junio la JSB notificara a la ESM de su intención de terminar con el acuerdo debido a la falta de un convenio que garantice el suministro de gas para el complejo siderúrgico y a que no se les entregó saneadas la totalidad de las tierras.

Contrato. La cláusula 42.3 del contrato señala que el “arbitraje se llevará a cabo de conformidad con el procedimiento y el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). El idioma del arbitraje será el español”. El director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Minería, Juan Carlos Carrasco, dijo que para resolver el contrato deben “cumplirse algunos pasos”. No es porque una de las partes diga que “para mí esto ya está resuelto”.

Según el contrato, cualquiera de las partes ahora podrá acogerse a la cláusula 42.1 que permite a la ESM o la JSB convocar a una reunión extraordinaria para solucionar las discrepancias.

Ejecutivos. Si el problema no se resuelve en esta instancia, podrá ser elevada a los máximos ejecutivos de cada parte, quienes tendrán un plazo máximo de 90 días calendario para tomar una decisión, añade.

En caso de que ambas partes no lleguen a un acuerdo, la JSB o la ESM podrán acogerse a la cláusula 42.3 referida a que cualquier controversia deberá ser resuelta a través de un arbitraje. Hasta el momento ambas partes no realizaron ninguna reunión extraordinaria y, de aplicarse los 90 días calendario, el inicio del arbitraje sería a fines de este año.

El dirigente cívico de Puerto Suárez, José Luis Santander, expresó que la salida de la JSB causará un perjuicio a su región porque sus habitantes no contarán con ingresos por concepto de impuestos, regalías y fuentes de empleo. “El contrato establece las formas en que se puede resolver el contrato y es a través de un arbitraje”, insistió Carrasco.

Jindal no asistió a reunión

El Ministerio de Minería informó que los ejecutivos de la Jindal no asistieron a la reunión extraordinaria que convocó la ESM para solucionar los supuestos incumplimientos al contrato sobre el Mutún.

El director general de Asuntos Jurídico, Juan Carlos Carrasco, expresó su esperanza de que las discrepancias entre la ESM y la JSB sean resueltas antes de que se inicie el proceso de arbitraje. “Lamentablemente no se han hecho presente los representantes de esta firma para poder dialogar, por lo que la ESM verá en los próximos días cuál va a ser el paso a seguir”, dijo Carrasco.

Es paso a seguir está referido a que el presidente de la ESM, Ricardo Cardona, vuelva a convocar a la JSB a otra reunión extraordinaria. La otra salida es que llame a una reunión ejecutiva entre él y el presidente de la JSB, Vikrant Gujral, con el fin de solucionar el conflicto. La cláusula 35.7 del acuerdo dice que mientras no se agote o concluya la negociación directa o de arbitraje no se podrá resolver el contrato suscrito entre la ESM y JSB.

Allanan predios de Jindal y militarizan Mutún

Tweet l Ministerio Público, la Policía y un grupo de militares allanaron las oficinas de la Jindal Steel Bolivia en las ciudades de La Paz y Santa Cruz, además de las de Puerto Suárez. En el caso del yacimiento de hierro de Mutún, quedó custodiado para que nadie pueda sacar maquinaria ni minerales. Las acciones, lideradas por la Fiscalía, se dieron en el marco de las investigaciones en torno a la denuncia por el supuesto delito de incumplimiento de contrato de riesgo compartido.
En lo que respecta a las acciones realizadas en Santa Cruz, el grupo de fiscales primero llegó al edificio Tacuaral, donde requisó las oficinas de la compañía GTL Internacional y las dejó precintadas.


EL DEBER llamó varias veces al teléfono celular del gerente de GTL Internacional, Luis Carlos Kinn, pero no respondió para que dé su versión de los hechos y confirme o descarte qué tipo de documentación se llevaron.
Después, el grupo de fiscales y policías se fue a la calle Los Jazmines 550, en el barrio Sirari. Luego de permanecer por más de dos horas en el interior del edificio, salió en una camioneta llevándose una caja con documentos.
El fiscal Aldo Ortiz, que llegó de La Paz para encabezar los allanamientos, justificó las acciones al señalar que se debe al incumplimiento de los ejecutivos de la Jindal, quienes postergaron en varias oportunidades su presencia en La Paz para coadyuvar en las investigaciones.
Los allanamientos se dieron ayer, tres días después de que la Jindal Steel Bolivia decidiera romper el contrato de riesgo compartido con la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) y replegar a sus ejecutivos a su sede central, en la India.


De acuerdo con el exgerente de la empresa investigada Jaime Santa Cruz, las acciones de la Fiscalía son una consecuencia de las trabas y ausencias de los ejecutivos de la Jindal, que son investigados por una presunta no inversión comprometida legalmente.


Según Ignacio Barbery, director de la ESM, en representación del municipio de Puerto Suárez, más allá de los allanamientos, lo que se ve es un panorama desolador y sombrío, donde los perdedores reales son el pueblo de Puerto Suárez, la provincia Germán Busch y el país.
De aquí en más, según el fiscal Ortiz, el proceso investigativo se concentrará en La Paz, comenzando con la declaración de ocho personas que ya fueron notificadas.

La tensión en la frontera evitó el pago de salarios de trabajadores
Sorprendidos por la acción ejecutada por el fiscal de frontera, Sergio Tarqui, la treintena de trabajadores de la Jindal Steel Bolivia (JSB) opusieron una tibia resistencia a la orden judicial y remarcaron su preocupación por el pago de sus salarios, la deuda que tienen con los proveedores y la situación de la maquinaria y de los equipos que hasta hace una semana eran de propiedad de la empresa india.


Manuel Bernal, encargado de adquisiciones de la JSB, indicó que trabajaba en la empresa desde 2009 y que el retiro de la misma y su intervención no hacen otra cosa que provocar incertidumbre y mucha tristeza.
“Hay muchas personas que llegaron de otras partes del país con la esperanza de trabajar, y mire lo que está pasando”, se lamentó Bernal.


El fiscal Tarqui explicó que esta orden se limita a preservar el patrimonio de la JSB y que por el momento no se puede hablar de secuestro o intervención, pues eso lo deberá definir el juez y las autoridades que suscribieron el contrato de riesgo compartido con la Jindal.
Una por una el fiscal y los uniformados fueron revisando las oficinas del inmueble, de un piso. El panorama era desolador. Cada uno de los ambientes se encontraba vacío, solo había sillas y mesas, pues ni los equipos de computación se encontraban en el lugar.


Sobre esta situación, José Luis Santander, presidente del Comité Cívico de Puerto Suárez, señaló que esta medida extrema y sorpresiva no hizo otra cosa que frenar el pago de los salarios y de los beneficios sociales que la JSB estaba realizando a sus trabajadores.


Luego de digerir lo sucedido, los trabajadores mantuvieron una reunión y determinaron que hoy, en el encuentro del comité cívico, pedirán al Gobierno una pronta solución a sus deudas salariales y beneficios sociales.
Sonia Santibáñez, subgeranta de la Jindal en Puerto Suárez, fue detenida ayer por unas horas porque se le encontró documentación y artículos de librería; empero, luego de prestar su declaración informativa fue dejada en libertad.

Gobierno dice que hay gas para desarrollar el proyecto
El Gobierno, a través del ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa, aclaró que Bolivia tiene los volúmenes de gas necesarios para desarrollar el proyecto siderúrgico de Mutún, aunque el grupo Jindal Steel & Power Limited (JSPL) sostenga lo contrario.


El tema de la provisión de gas natural fue uno de los argumentos que expuso la Jindal para rescindir el contrato de riesgo compartido con la ESM e irse del país.
“Hicimos llegar el contrato borrador (a Jindal) con volúmenes para incrementar por año y son esos volúmenes los que están en mesa para una futura empresa que venga a querer negociar el precio del gas”, dijo Sosa, según ABI.


Aclaró que Jindal Steel Bolivia, subsidiaria de JSPL, suspendió unilateralmente la negociación con YPFB respecto al suministro de gas, antes de rescindir el contrato que firmó en 2007 con la promesa de invertir $us 2.100 millones.

En la jornada

Oportuno. Ayer, justo cuando los fiscales ingresaron en las oficinas de GTL Internacional apareció el propietario del edificio Tacuaral, Óscar Moreno, que declaró que los ejecutivos de Jindal dejaron las llaves del piso en la administración y se fueron, dejando una deuda de más de $us 400.000.

Proceso. El Ministerio Público detalló ayer que desde hace 45 días requirió información a los ejecutivos de Jindal, pero que, a pesar de que pidieron otros 15 días, no cumplieron con la entrega. “Lo que haya pasado con las decisiones ejecutivas de ambos lados no tiene nada que ver con el trabajo de la Fiscalía”, aclararon los investigadores, que insistieron que el trabajo de la justicia es autónomo.

Citación. A pesar de que el representante de Jindal, Vikran Gujral, ya no está en el país, el fiscal Aldo Ortiz dejó en claro que lo volverá a citar, así como a otras ocho personas que supuestamente son parte de las investigaciones. Todos los documentos decomisados ayer en La Paz, Santa Cruz y Puerto Suárez serán analizados en la sede de Gobierno.

A las 9:00 del viernes debía realizarse la reunión, convocada por la ESM en el Ministerio de Minería y Metalurgia. El objetivo era analizar el contrato de riesgo compartido e intentar resolver las controversias por las inversiones no ejecutadas y las fallas en la dotación de tierras y provisión de gas natural; sin embargo, como los de Jindal ya se fueron a la India, el encuentro abortó.