Hay sectores que sienten el impacto del truncado proyecto siderúrgico, porque les genera un desequilibrio económico que se manifiesta en menores ventas, en urbanizaciones a medio construir y en oferta de terrenos, casas y en deudas bancarias.
Dirigentes cívicos de Santa Cruz y ese municipio fronterizo no descartan medidas de presión ante la paralización del proyecto.
En la plaza 16 de Julio de Puerto Suárez, que funciona como un termómetro para medir la actividad comercial de la ciudad, en no más de seis cuadras se apiñan negocios de ropa, de materiales de construcción, librerías, locales que ofrecen celulares, carnicerías, puntos de llamada, pequeños restaurantes y mototaxistas.
En el lugar la actividad económica es febril, se nota la presencia de brasileños que aprovechan el fin de semana para cruzar de Corumbá y comprar algunos artículos, que les cuesta tres o cuatro veces menos que en su país. En este punto las personas que venden ropa, productos para el hogar, productos para la ganadería, tienen su momento de gloria.
Antonia Rojas llegó hace 25 años desde La Paz y, junto a su esposo, se hace cargo de una ferretería. Para ella la salida de la Jindal tuvo un impacto directo pues en el tiempo que estuvo la empresa extranjera ella se encargaba de venderles materiales para la construcción, repuestos para la instalación eléctrica y fierros.
“Hace unos seis meses que la venta de estos productos ha disminuido. Ya no compraban (la Jindal) como antes y las personas que habían llegado del interior también dejaron de venir a mi ferretería. Eso nos preocupa, pero el pueblo no va a morir, siempre habrá modos para seguir trabajando”, indicó Rojas.
Yolanda Cáceres, una cochabambina de sonrisa amplia, mientras espantaba las moscas que buscan posarse en las chuletas de cerdo y de res que ofrece, aseguró que cada vez cuesta más poder vender la cantidad suficiente de carne para cubrir los gastos del alquiler, de la luz y del agua. Aseguró que hacen falta más trabajadores que ganen un buen salario y que estos lo gasten en el mercado, y con la salida de la Jindal cree habrá menos circulante de efectivo y por consiguiente sus ventas serán menores.
Menos preocupado está Jorge Camacho que remarcó que con la empresa Jindal o sin ella su negocio seguirá funcionando como hace 30 años, cuando fue uno de los primeros en apostar por la comercialización de ropa, pues entre su clientes principales están los brasileños y estos a su criterio seguirán cruzando la frontera en busca de mejores precios.
Donde se nota de manera más contundente el freno del proyecto Mutún es en el negocio de los inmuebles y de la tierra. Una importante cantidad de personas llegadas del interior compraron un terreno y apostaron por construir sus viviendas. Otros, con mayor poder adquisitivo, compraron tierras para edificar distintas urbanizaciones; todo eso quedó a mitad de camino con la consiguiente depreciación del precio de los terrenos.
René Quispe, propietario de una tienda del barrio Víctoria, recuerda que compró su terreno hace cuatro años, en 6.000 dólares y que con la construcción de su casa gastó otros 5.000. Ahora, por la caída de las ventas, quiere volver a Potosí; pero nadie le quiere pagar más de 7.000 dólares por su propiedad.
Anuncian seguimiento penal para ejecutivos de Jindal
La Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, que investiga la denuncia del Gobierno por incumplimiento al contrato de riesgo compartido para explotar el yacimiento de hierro del Mutún, anunció para hoy la segunda parte de las pesquisas en las que se incluirá un seguimiento penal que puede derivar en el pedido de medidas internacionales contra los ejecutivos de la Jindal Steel Bolivia (JSB), señaló el fiscal a cargo, Aldo Ortiz
Un día después de haber allanado las oficinas de Jindal en La Paz, Santa Cruz y Puerto Suárez con apoyo militar y policial, el fiscal Ortiz indicó que pedirá información a la oficina de Migración para confirmar cuándo y cómo salieron del país los ejecutivos de la empresa india.
Después del allanamiento, ocho personas brindaron su declaración informativa a requerimiento de la Fiscalía.
Las primeras pesquisas señalan que el representante legal de Jindal, Vikrant Kumar Gujral, habría salido del país por vía aérea y que los otros dos miembros del directorio se fueron por vía terrestre.
La Fiscalía realizará el requerimiento para conocer los detalles, con lo que se comenzarán a definir las medidas de tipo penal y ver si se puede pedir la participación de Interpol.
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