Un día después de haber allanado las oficinas de la STB en La Paz, Santa Cruz y Puerto Suárez, y de disponer la captura de documentos y equipos de computación, además de ordenar el resguardo militar del yacimiento del Mutún, el fiscal Ortiz indicó que pedirá información a la oficina de Migración para confirmar cuándo y en qué salieron del país los ejecutivos de la empresa india.
El viernes en Santa Cruz, después de allanar las oficinas de la empresa GTL Internacional, ubicadas en el edificio Tacuaral, y luego las de Jindal, en el barrio Sirari, ocho personas brindaron su declaración informativa a requerimiento de la Fiscalía, y se las conminó a estar atentas si acaso se las requiere para ampliar sus declaraciones.
Las primeras pesquisas confirmadas ayer por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía dan cuenta de que el representante legal de la STB, Vikrant Kumar Gujral, habría salido el país por vía aérea, pero que los otros dos indios miembros del directorio se fueron de Bolivia por vía terrestre.
La Fiscalía realizará el requerimiento correspondiente para conocer qué línea aérea y qué tipo de pasaje se emitió para el viaje de Gujral, con lo que comenzarán a definir las medidas de tipo penal y ver si se puede pedir la participación de Interpol.
Otro dato que habría sido aportado al proceso de investigación en las declaraciones de las ocho personas, el viernes, fue que desde el mes de mayo se habría organizado la clasificación y ocultamiento de información por parte de los ejecutivos de la Jindal, lo cual hace presumir que desde entonces había la intención de rescindir el contrato de riesgo compartido y salir del país.
El lunes 16 de julio la JSB oficializó su decisión de rescindir el contrato de riesgo compartido con la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) y, aunque el viernes 20 sus ejecutivos fueron convocados en el Ministerio de Minería y Metalurgia para tratar de zanjar las controversias, no asistieron, por lo que se presume que las diferencias no serán arregladas amigablemente.
Mientras la Jindal advierte a través de comunicados emitidos desde Nueva Delhi (India) que Bolivia tiene una calificación extremadamente baja con respecto a las agencias financieras internacionales, debido a su actitud hostil y poco amistosa con los inversionistas extranjeros, el Gobierno calcula que demorará entre seis meses y un año la contratación de una nueva empresa. Eso sí, según el ministro de Minería y Metalurgia, Mario Virreira, la nueva compañía tendrá que invertir entre 2.000 y $us 3.000 millones, pero además tendrá que ser solvente y depositar un porcentaje de esa inversión en una cuenta nacional.
El Gobierno dice también que hay más de 10 empresas interesadas en el Mutún.
Emergencia en la frontera
- Cabildo. El diputado opositor al Gobierno y representante de la provincia Germán Busch, Luis Felipe Dorado, lanzó ayer la propuesta de convocar a un cabildo departamental para preguntar a la población si quiere la ejecución del proyecto siderúrgico del Mutún. La moción será puesta a consideración del Comité Cívico pro Santa Cruz.
- Cívicos. El ex dirigente cívico de Puerto Suárez, Antonio Tudela, advirtió que la población de la provincia Germán Busch está decidida a tomar medidas extremas para exigir el desarrollo del proyecto. “Vamos a ir a la huelga, los bloqueos y el paro, pero nunca vamos a hacer estallar dinamita”, dijo.
- Aprestos. Desde la frontera, el presidente cívico José Luis Santander adelantó que en las próximas horas analizarán la toma de medidas extremas.
- Vigilancia. Si bien el viernes la policía y la Fiscalía intervinieron las oficinas de Jindal en Santa Cruz, La Paz y Puerto Suárez, no dejaron vigilancia policial y se ocuparon de tomar declaraciones a ocho personas citadas. Ayer sí hubo patrullaje por los predios de la Jindal.
Ambas partes aportaron al fracaso
René Soria Galvarro / Ex superintendente de Jindal
Como exrepresentante de la Cancillería en Santa Cruz y después como exsuperintendente de la Jindal conozco el proyecto desde antes de su licitación, es decir desde 2005. Han pasado siete años y es triste ver cómo se vino todo abajo y cómo hemos perdido todos: la provincia Germán Busch, el departamento de Santa Cruz y el país.
Ahora que las cosas se han dado así, con acusaciones de incumplimiento de contrato, rescisión del mismo e investigaciones y procesos judiciales de por medio, no es tiempo de buscar culpables, pero hay que precisar los motivos por los que el proyecto se cayó.
Y si de incumplimiento se trata hay que reconocer que ambas partes, tanto la Jindal como el Gobierno, incumplieron lo comprometido y firmado, por lo tanto entre ambos aportaron al fracaso.
Cuando la Jindal ingresó al país tenía un apoyo cerrado y comprometido desde el presidente del Estado, Evo Morales, hasta el último poblador de Puerto Suárez. Y lo mismo en la ESM, que arrancó con cosas creíbles; sin embargo, pasaron cinco años y las malas gestiones administrativas combinadas de incapacidad terminaron frenando el polo de desarrollo y echando por la borda la expectativa de 6.000 empleos.
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