sábado, 21 de julio de 2012

Allanan predios de Jindal y militarizan Mutún

l Ministerio Público, la Policía y un grupo de militares allanaron las oficinas de la Jindal Steel Bolivia en las ciudades de La Paz y Santa Cruz, además de las de Puerto Suárez. En el caso del yacimiento de hierro de Mutún, quedó custodiado para que nadie pueda sacar maquinaria ni minerales. Las acciones, lideradas por la Fiscalía, se dieron en el marco de las investigaciones en torno a la denuncia por el supuesto delito de incumplimiento de contrato de riesgo compartido.
En lo que respecta a las acciones realizadas en Santa Cruz, el grupo de fiscales primero llegó al edificio Tacuaral, donde requisó las oficinas de la compañía GTL Internacional y las dejó precintadas.


EL DEBER llamó varias veces al teléfono celular del gerente de GTL Internacional, Luis Carlos Kinn, pero no respondió para que dé su versión de los hechos y confirme o descarte qué tipo de documentación se llevaron.
Después, el grupo de fiscales y policías se fue a la calle Los Jazmines 550, en el barrio Sirari. Luego de permanecer por más de dos horas en el interior del edificio, salió en una camioneta llevándose una caja con documentos.
El fiscal Aldo Ortiz, que llegó de La Paz para encabezar los allanamientos, justificó las acciones al señalar que se debe al incumplimiento de los ejecutivos de la Jindal, quienes postergaron en varias oportunidades su presencia en La Paz para coadyuvar en las investigaciones.
Los allanamientos se dieron ayer, tres días después de que la Jindal Steel Bolivia decidiera romper el contrato de riesgo compartido con la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) y replegar a sus ejecutivos a su sede central, en la India.


De acuerdo con el exgerente de la empresa investigada Jaime Santa Cruz, las acciones de la Fiscalía son una consecuencia de las trabas y ausencias de los ejecutivos de la Jindal, que son investigados por una presunta no inversión comprometida legalmente.


Según Ignacio Barbery, director de la ESM, en representación del municipio de Puerto Suárez, más allá de los allanamientos, lo que se ve es un panorama desolador y sombrío, donde los perdedores reales son el pueblo de Puerto Suárez, la provincia Germán Busch y el país.
De aquí en más, según el fiscal Ortiz, el proceso investigativo se concentrará en La Paz, comenzando con la declaración de ocho personas que ya fueron notificadas.

La tensión en la frontera evitó el pago de salarios de trabajadores
Sorprendidos por la acción ejecutada por el fiscal de frontera, Sergio Tarqui, la treintena de trabajadores de la Jindal Steel Bolivia (JSB) opusieron una tibia resistencia a la orden judicial y remarcaron su preocupación por el pago de sus salarios, la deuda que tienen con los proveedores y la situación de la maquinaria y de los equipos que hasta hace una semana eran de propiedad de la empresa india.


Manuel Bernal, encargado de adquisiciones de la JSB, indicó que trabajaba en la empresa desde 2009 y que el retiro de la misma y su intervención no hacen otra cosa que provocar incertidumbre y mucha tristeza.
“Hay muchas personas que llegaron de otras partes del país con la esperanza de trabajar, y mire lo que está pasando”, se lamentó Bernal.


El fiscal Tarqui explicó que esta orden se limita a preservar el patrimonio de la JSB y que por el momento no se puede hablar de secuestro o intervención, pues eso lo deberá definir el juez y las autoridades que suscribieron el contrato de riesgo compartido con la Jindal.
Una por una el fiscal y los uniformados fueron revisando las oficinas del inmueble, de un piso. El panorama era desolador. Cada uno de los ambientes se encontraba vacío, solo había sillas y mesas, pues ni los equipos de computación se encontraban en el lugar.


Sobre esta situación, José Luis Santander, presidente del Comité Cívico de Puerto Suárez, señaló que esta medida extrema y sorpresiva no hizo otra cosa que frenar el pago de los salarios y de los beneficios sociales que la JSB estaba realizando a sus trabajadores.


Luego de digerir lo sucedido, los trabajadores mantuvieron una reunión y determinaron que hoy, en el encuentro del comité cívico, pedirán al Gobierno una pronta solución a sus deudas salariales y beneficios sociales.
Sonia Santibáñez, subgeranta de la Jindal en Puerto Suárez, fue detenida ayer por unas horas porque se le encontró documentación y artículos de librería; empero, luego de prestar su declaración informativa fue dejada en libertad.

Gobierno dice que hay gas para desarrollar el proyecto
El Gobierno, a través del ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa, aclaró que Bolivia tiene los volúmenes de gas necesarios para desarrollar el proyecto siderúrgico de Mutún, aunque el grupo Jindal Steel & Power Limited (JSPL) sostenga lo contrario.


El tema de la provisión de gas natural fue uno de los argumentos que expuso la Jindal para rescindir el contrato de riesgo compartido con la ESM e irse del país.
“Hicimos llegar el contrato borrador (a Jindal) con volúmenes para incrementar por año y son esos volúmenes los que están en mesa para una futura empresa que venga a querer negociar el precio del gas”, dijo Sosa, según ABI.


Aclaró que Jindal Steel Bolivia, subsidiaria de JSPL, suspendió unilateralmente la negociación con YPFB respecto al suministro de gas, antes de rescindir el contrato que firmó en 2007 con la promesa de invertir $us 2.100 millones.

En la jornada

Oportuno. Ayer, justo cuando los fiscales ingresaron en las oficinas de GTL Internacional apareció el propietario del edificio Tacuaral, Óscar Moreno, que declaró que los ejecutivos de Jindal dejaron las llaves del piso en la administración y se fueron, dejando una deuda de más de $us 400.000.

Proceso. El Ministerio Público detalló ayer que desde hace 45 días requirió información a los ejecutivos de Jindal, pero que, a pesar de que pidieron otros 15 días, no cumplieron con la entrega. “Lo que haya pasado con las decisiones ejecutivas de ambos lados no tiene nada que ver con el trabajo de la Fiscalía”, aclararon los investigadores, que insistieron que el trabajo de la justicia es autónomo.

Citación. A pesar de que el representante de Jindal, Vikran Gujral, ya no está en el país, el fiscal Aldo Ortiz dejó en claro que lo volverá a citar, así como a otras ocho personas que supuestamente son parte de las investigaciones. Todos los documentos decomisados ayer en La Paz, Santa Cruz y Puerto Suárez serán analizados en la sede de Gobierno.

A las 9:00 del viernes debía realizarse la reunión, convocada por la ESM en el Ministerio de Minería y Metalurgia. El objetivo era analizar el contrato de riesgo compartido e intentar resolver las controversias por las inversiones no ejecutadas y las fallas en la dotación de tierras y provisión de gas natural; sin embargo, como los de Jindal ya se fueron a la India, el encuentro abortó.

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