Las acciones se dieron en el marco de la investigación de oficio que inició el Ministerio Público por supuesto incumplimiento de contrato de la empresa en el proyecto de explotación de hierro del Mutún.
Mientras el asesor jurídico de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Juan Carlos Carrasco, declaraba a los medios que una alternativa era convocar a Jindal a una nueva reunión para resolver las controversias en la ejecución del contrato, casi al mismo tiempo, tres fiscales en diferentes puntos del país procedían con la acción.
El fiscal Marco Antonio Rodríguez, acompañado por agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), allanó la oficina de JSB en La Paz, ubicada en el piso 14 del edificio Multicentro en la avenida Arce de esta capital. Allí los agentes incautaron documentos además de dos discos duros de computadoras.
“Con sorpresa el Ministerio Público y la Policía hemos evidenciado que han sacado toda la documentación pertinente y es muy escasa la documentación que estamos colectando”, dijo el fiscal a los medios de comunicación.
Explicó que el siguiente paso será convocar a los ejecutivos de la empresa para que presten sus declaraciones. “Tenemos el conocimiento de que todos los que hayan sido involucrados en esta investigación van a ser convocados y prestarán sus declaraciones”, afirmó Rodríguez.
OPERATIVOS
Los operativos se desarrollaron a las 10.30 al mismo tiempo en las tres ciudades. Participaron de los mismos, efectivos militares y policiales.
En la capital cruceña las oficinas de la Jindal fueron precintadas y el fiscal Aldo Ortíz de la división anticorrupción de La Paz, procedió a secuestrar documentos y computadoras. Este material fue enviado a la sede de Gobierno.
Entretanto, en Puerto Suárez el fiscal de frontera Sergio Tarquino acompañado por policías y militares, intervino no sólo las oficinas de la Jindal, sino también, las viviendas de los ejecutivos de esa empresa. No así el yacimiento del Mutún, donde se encuentra la maquinaria.
“Estamos dando cumplimiento al allanamiento, requisa y secuestro. No tenemos la orden de allanamiento para intervenir el Mutún”, dijo el fiscal.
DETENIDA
Informó que una persona de sexo femenino, supuestamente la contadora de la empresa fue aprehendida para tomarle su declaración y conocer su versión.
Por su parte, el presidente del Comité Cívico de Puerto Suárez, José Luis Santander, confirmó que el Ministerio Público también allanó las oficinas y domicilio donde vivían ejecutivos de esa empresa en esa región.
“Fiscales, con la policía y el ejercito allanaron las oficinas y el domicilio donde vivían la gente de Jindal, según tengo entendido toda esta gente se fue a Corumbá al lado brasilero, no encontraron a nadie, excepto a una señora que estaba cancelando la liquidación de los trabajadores cesantes, la misma que fue detenida para prestar su declaración informativa”, explicó.
ANTECEDENTES
El pasado 16 de julio, la empresa de capitales hindúes decidió abandonar el proyecto del Mutún, argumentando varios incumplimientos del Estado; desde esa fecha existe un constante intercambio de acusaciones entre el Gobierno y Jindal.
La compañía acusó al Gobierno de no entregar en forma oportuna toda el área del yacimiento y de no garantizar el suministro suficiente de gas para el proyecto.
La Fiscalía inició hace más de un mes un proceso por incumplimiento de contrato contra Vikrant Gujral y Arvind Sharma, presidente y director, respectivamente, de la firma en Bolivia.
La compañía prometió inversiones por 2.100 millones de dólares en ocho años para producir esponja de hierro y acero tras adjudicarse en 2007 la explotación de un rico yacimiento de hierro en Puerto Suárez, cuyas reservas estimadas alcanzan 40.000 millones de toneladas métricas.
DATOS
- Jindal reclamó constantemente que el proyecto siderúrgico requiere de una provisión de 6 millones de metros cúbicos día (MMmcd) de gas natural, sin embargo el Estado le ofreció solo 2.5 MMmcd.
- También reclamó la dotación de 244 hectáreas de terrenos faltantes para la explotación de hierro.
- El Gobierno ejecutó dos boletas de garantía de Jindal por un valor total de 36 millones de dólares, por supuesto incumplimiento de contrato.
- Jindal sostiene que invirtió más de 600 millones de dólares en el proyecto.
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