"El plazo corre a partir del momento en que es notificado el Gobierno que hasta el momento no ocurrió y si no paga podrían haber sanciones comerciales con países europeos", advirtió el jurista.
La Jindal Steel & Pawer informó a través de su sitio web que la Cámara Internacional de Comercio (CIC) con sede en París, Francia, dictaminó el agosto 6 pasado que la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) debe pagar 22,5 millones de dólares, a dicha firma: "La siderúrgica india Jindal Steel & Power Ltd. (JSP) filial boliviana ganaron un juicio de arbitraje de 22.500.000 dólares contra la compañía minera estatal Empresa Siderúrgica del Mutún" (ESM).
"Notificado el Estado boliviano, a través de las entidades que han representado al Estado ante esta institución (CIC) debe cubrir el pago de forma inmediata. El plazo que tienen es de alrededor 10 días para cubrir el monto total, caso contrario resulta un incumplimiento ante una Corte Internacional", puntualizó Jorge Valda.
La ESM el 15 de abril de 2010 decidió ejecutar las boletas de garantía de la Jindal Steel Bolivia (JSB) dependiente de la Jindal Steel & Pawer (JSP) que alcanzaron 18 millones de dólares por la falta de renovación de la garantía.
Ante esta situación, la empresa india inició una demanda arbitral en contra del Estado, en la Cámara de Comercio Internacional (CCI) de París.
El abogado de la Jindal explicó que el gobierno boliviano tiene la oportunidad y el derecho de impugnar el fallo ante una instancia superior de la CIC para lograr un nuevo fallo que podría ratificar la decisión o modificarla.
Advirtió que si el Estado no paga esta compensación podría haber sanciones comerciales de distinta índole que pueden complicar las relaciones de Bolivia y los países europeos.
"No olvidemos que la Corte de Comercio Internacional tiene su sede en París y está avalada por la Unión Europeo (UE) y aclaró que para nada no hay ninguna negociación de momento" entre la Jindal y el Estado boliviano, enfatizó Valda.
El Contrato de Riesgo Compartido firmado entre Jindal y ESM, estableció que si la compañía privada decide continuar con el proyecto siderúrgico debió presentar una póliza de 27 millones de dólares y ya no renovar las boletas por 18 millones de dólares.
Esta póliza debió haber sido una garantía para el cumplimiento de la inversión de 900 millones de dólares para el tercer y quinto año de ejecución del plan.
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