La empresa informó que la Corte de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio Internacional de París (ICC) dispuso el pasado 6 de agosto el pago a Jindal de 22,5 millones de dólares: 18 millones de dólares por la ejecución de las garantías y 4,5 millones de dólares de intereses.
La Comibol insiste en desconocer el laudo arbitral o fallo y señala que el proceso debe ser resuelto en el país.
"El no pagar implica que se suman intereses por 3.000 dólares cada día, monto que se suma mientras no se pague y no se devuelva este dinero a la Jindal. El cumplimiento del laudo arbitral es obligatorio y naturalmente no implica una obligación para la ESM, sino para el mismo Estado boliviano”, apuntó Valda.
Según el jurista, ante las pruebas que presentó Jindal, el tribunal aprobó por unanimidad el fallo a favor de la empresa, ya que consideraron que en Bolivia no se siguieron las respectivas auditorías para determinar el incumplimiento del contrato.
La ESM anunció que pedirá en los próximos días la nulidad del fallo, que favorece a la firma india por la ejecución de las boletas de garantía entregadas como respaldo para explotar el reservorio del Mutún.
Paralelamente, la estatal presentó un recurso de complementariedad y aclaración del fallo ante el tribunal arbitral.
Valda anticipó que el recurso presentado por la estatal del Mutún, cuyo resultado se emitirá en las próximas horas, no afectará en ningún modo a la resolución final, ya que sólo es para aclarar los términos y conceptos.
El presidente del directorio de la Comibol, José Pimentel, aseguró que las autoridades del Ministerio de Minería y de la ESM no fueron convocadas para presentar los descargos respectivos.
"Nosotros no reconocemos ningún tribunal internacional y si hay alguna demanda, se debe resolver dentro del país. No vamos a pagar una deuda que no tenemos. Si hemos ejecutado las boletas de garantía, fue por muchas razones que se puede demostrar mediante el contrato”, enfatizó ayer Pimentel.
En 2007, Jindal suscribió un contrato con la ESM y la Comibol por 2.100 millones de dólares para desarrollar y explotar el hierro del Mutún. Debía invertir 600 millones de dólares en los primeros dos años, pero según el Gobierno incumplió y por eso se ejecutaron las garantías.
El contrato
Convenio En 2010, la Empresa Siderúrgica del Mutún determinó ejecutar la primera boleta de garantía de 18 millones de dólares, debido a que no se cumplieron las inversiones. En mayo de 2012, el Ministerio de Minería decidió ejecutar la segunda boleta, en este caso porque la empresa india no renovó la boleta en el plazo establecido. En ese mismo año la Jindal decidió romper el convenio.
Vigencia Según el Ministerio de Minería, la Corte Internacional de París tomó como argumento una normativa boliviana que ya no está vigente, el antiguo Código Procesal Civil. La norma que reemplaza a esta ley fue promulgada en noviembre de 2013.
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