"Evidentemente vamos a recusar la decisión y vamos a apelar a los tribunales que correspondan para defender los intereses del Estado boliviano", dijo a los medios en la región de Santa Cruz (este), el vicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera.
El ministro de Minería, César Navarro, dio más información sobre el tema al rechazar el procedimiento que se siguió en el caso.
La CCI-París ordenó que la estatal Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) devuelva a Jindal el dinero que la empresa india presentó por adelantado como garantía del proyecto $us 18 millones más intereses-, según un comunicado de la compañía asiática.
El tribunal internacional aseguró que el Gobierno de Bolivia no tenía derecho a cobrar las garantías (...), por lo que con el cobro la entidad pública ESM violó las obligaciones contractuales respecto a Jindal, indica la misma fuente.
Jindal ha solicitado a la CCI-París un segundo arbitraje en relación con el proyecto, en el que invirtió decenas de millones de dólares y en el que ahora reclama el reembolso de $us 100 millones (...) por daños derivados de la rescisión del contrato.
César Navarro, ministro de Minería, afirmó que "el Gobierno boliviano no comparte este tipo de acciones y decisiones que piensan en el capital privado y no piensan en beneficio de los pueblos y los estados".
Además, el procurador general del Estado, Héctor Arce, adelantó en junio pasado que Bolivia no iba a aceptar el veredicto en ese arbitraje, pues no tiene ninguna base jurisdiccional y no va a ser reconocido jamás por el Gobierno.
Jindal fue contratada en 2007 para explotar la mitad de la mina Mutún, yacimiento situado en Santa Cruz, cerca de la frontera con Brasil, que contiene 40.000 millones de toneladas de distintos minerales, principalmente hierro.
La firma india abandonó el proyecto en julio de 2012, en medio de una investigación oficial por supuestos incumplimientos del contrato. El Ejecutivo boliviano acusó a la siderúrgica india de no haber realizado las inversiones comprometidas y la multó con el cobro de dos garantías bancarias, mientras que Jindal adujo que las autoridades no facilitaron su trabajo, al poner trabas a su acceso a la mina y no otorgarle la suficiente seguridad jurídica. Valor Futuro.
UN PROBLEMA CON DERIVACIONES COMPLICADAS
El titular del Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM), César Navarro, cumplió su parte aclarando que la demanda (de la Jindal) no está dirigida contra el Estado Boliviano, sino contra la firma estatal Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), la misma que ya asumió defensa respecto al laudo arbitral de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).
Lo que ha sucedido es que la Jindal Steel & Powers, (JSP) después de haber sido "retirada" del país, acudió a la instancia internacional para recuperar los fondos que cobró el Gobierno boliviano al ejecutar dos boletas de garantía, cada una de 9 millones de dólares lo que da 18 millones y con un añadido de intereses suma un total de 22,5 millones de dólares, que la JSP espera recuperar en un periodo de 10 días a partir de la notificación que ya reconoció la autoridad boliviana.
Un equipo de abogados contratados por la ESM tiene un delicado trabajo para responder a la demanda de la Jindal y pedir la anulación del fallo de la CCI por el cobro de los 22,5 millones de dólares, aduciendo que se vulneró la norma boliviana en materia penal.
Por su parte, el abogado de la empresa india en Bolivia, Jorge Valda, sin mayores comentarios y limitándose al curso del proceso señaló que la ESM tendrá un periodo de 10 días para pagar la suma establecida por la Cámara de Comercio Internacional, dando a entender que no correrá ninguna recusación al haber definido la CCI con su fallo que la subsidiaria boliviana aplicó indebidamente el cobro de las boletas de garantía.
Algo que seguramente se aclarará "en el camino", es la verdadera instancia de la responsabilidad en los hechos que determinaron la salida de la Jindal, acusada de no invertir en el país los 600 millones de dólares comprometidos en los dos primeros años de operación. La Jindal sin embargo se defendió señalando que "el Gobierno interfirió sus operaciones y que tampoco cumplió con la entrega oportuna de predios comprometidos para la operación y menos pudo asegurar la dotación de gas, para mover la energía que se necesitaba para encarar la instalación de una siderurgia en la zona cruceña".
Según el Vicepresidente del país, "se recusará la decisión de la CCI y se apelará a tribunales que corresponda para defender al Estado". El ministro Navarro por su parte, se ocupó de aclarar que "la demanda de la Jindal es contra la firma estatal (ESM) y no contra el Estado, por lo mismo que serán los ejecutivos de la empresa que solucionen el problema. Claro está que, será muy difícil que la firma estatal pueda erogar 22,5 millones de dólares.
Entre criterios legales afines a la justificación de posiciones en ambos lados, las cosas tienen pinceladas especiales. Por ejemplo según el procurador general del Estado, Héctor Arce, Bolivia no reconoce la jurisdicción y competencia de la Corte Internacional de Arbitraje CCI, a la que acudió la empresa india, por lo tanto el fallo no puede ser admitido y no será reconocido por Bolivia, además de no existir ningún acuerdo bilateral entre India y Bolivia".
En la otra cancha, el abogado de la JSP, recordó a los juristas bolivianos que la CCI está avalada por la Unión Europea y por todas las agrupaciones internacionales de comercio, respecto a negociaciones entre privados o Estados y privados, lo que surtiría efecto con el fallo favorable a la Jindal.
Hasta ahí el recuento de las posiciones y argumentos de las dos partes ante un fallo de instancia "mediadora" que ha sido dictada, notificada a la parte pertinente y cuyo cumplimiento se espera luego de diez días regularmente establecidos para su ejecución.
LAS INSTANCIAS DE ORDEN INTERNO
El proyecto del Mutún, su importante reserva de hierro, su proyección hacia la industrialización de la materia prima para obtener acero y competir en los grandes mercados de la industria y la construcción, es un verdadero reto para el Gobierno y sus autoridades de área.
Sin embargo, por todo lo sucedido hay que establecer que se ha perdido mucho tiempo irrecuperable definitivamente, esto significa que el gran plan del desarrollo minero del oriente está postergado en la suma de años y todavía no se vislumbra una solución práctica al problema.
El ministro de Minería lanzó un "globito de experimento" al señalar en voz alta que "la Empresa Siderúrgica del Mutún (sus ejecutivos) deberá informar sobre el destino que se dio a los recursos obtenidos por la ejecución de las boletas de garantía a la Jindal Steel Bolivia que sumaron 18 millones de dólares". Tal posición refleja las dudas sobre la administración en la ESM, y el desarrollo de un proyecto que significa explotar hierro en 50 por ciento del yacimiento.
La pregunta de los cruceños y especialmente de las autoridades del municipio de Puerto Suarez y muchos "collas" que se trasladaron a esa región con la promesa de tener trabajo en el proyecto, es qué tiempo más demorará la puesta en marcha de uno de los proyectos en el Mutún, tomando en cuenta que hay muchas promesas lanzadas y pocas cumplidas. El proyecto que funcione en cualquiera de los lados, debe involucrar necesariamente al Gobierno, para garantizar la provisión de gas, con destino a la gigante factoría que debe ser emplazada en esa zona, para convertir al Mutún en un polo de desarrollo y no sólo en un proveedor más de hierro en bruto, estiman quienes saben del potencial del yacimiento, dormido muchos años, por el mal cálculo en el manejo de su administración y una inadecuada negociación con el inversionista que ahora reclama devolución de sus recursos.
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