La ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, observó retraso en los procesos iniciados ante el Ministerio Público en el caso Jindal, uno por la adquisición de terrenos y otro por daño económico al Estado.
“No se olviden que tenemos dos procesos penales que están en curso que también tienen un retraso considerable”, indicó la autoridad tras remarcar que una de las denuncias es por la compra irregular de terrenos para desarrollar el proyecto siderúrgico en el yacimiento del Mutún, ubicado en el municipio de Puerto Suárez, en el departamento de Santa Cruz.
El otro caso fue iniciado contra los ejecutivos de la Jindal Steel Bolivia (JSB) por incumplimiento de contrato en el proyecto siderúrgico. “Son más de 30 (personas) contra los que se ha abierto causa de oficio por el Ministerio Público, y tener un proceso contra 30 dificulta completamente la notificación (a éstos), y muchos de ellos están fuera del país, sobre todo los de la empresa Jindal, a los cuales no se los ha podido notificar”, añadió Suxo.
Citación. El fiscal departamental de La Paz, José Ponce, indicó que ambos procesos están en fase de citación, puesto que algunos de los imputados de la JSB son extranjeros y ello perjudicó la investigación porque es difícil notificarlos. “En estos casos se está haciendo orden instruida para mandarla hasta Santa Cruz y que vengan a prestar declaración”.
El abogado de la JSB, Jorge Valda, señaló a La Razón que si los procesos en el caso Jindal se retrasaron, ello se debe a que desde un inicio el Ministerio Público no debía hacerse cargo de casos que tienen que ver con comercio exterior.
“Cuando no tenían competencia para actuar, han actuado y éstos son los resultados de este tipo de procesos que el Ministerio Público opera de forma irresponsable, pues no tiene la tuición para demandar a una empresa internacional por el cumplimiento o no de un contrato; lo que deben resolver son delitos comunes en el orden interno”.
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