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El director Ignacio Barbery, de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), dijo que el directorio desconoce cuáles son las acciones que Alberto Padilla, presidente de esa industria, ha adoptado sobre el fallo de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) en el caso de Jindal Steel & Power (JPS).
El laudo arbitral de la CCI obliga a la ESM a pagar $us 22,5 millones a la JSP más intereses diarios de 3 mil dólares, que corren desde el 18 de agosto pasado, por haber ejecutado dos boletas de garantía de la empresa hindú.
Ayer vencía el plazo para presentar el recurso de nulidad ante la Cámara de Comercio, pero se desconoce el contenido de las argumentaciones.
El pasado 16 de septiembre, el ministro de Minería, César Navarro, informó que el recurso de nulidad al laudo arbitral sería presentado ayer. “Los abogados de la ESM han estado trabajando conjuntamente con el grupo de abogados que nos están representando en la Corte Internacional y se tiene el documento casi concluido para que se pueda presentar”, declaró después de una entrevista con medios estatales.
Este medio buscó ayer contactarse con Navarro para conocer el contenido del documento pero no contestó las llamadas, tampoco fue posible contactar a Padilla. Un funcionario de la ESM informó que tanto él como otros ejecutivos se encuentran hace una semana en La Paz atendiendo la preparación del recurso de nulidad y que no es posible contactarlos.
“No conozco nada, inclusive no sé si existe esa modalidad de refutar un fallo arbitral internacional”, dijo ayer Barbery al ser consultado si el directorio de la ESM conocía la argumentación.
Barbery dijo que Padilla no informó de sus acciones al directorio y que tampoco conoce las acciones del Ministerio de Minería, al que cuestionó haber hecho “una tibia defensa cuando todavía había tiempo”.
Cuestionó también que el exministro de Minería, José Pimentel, el exejecutivo de la ESM, Óscar Alandia, y el asesor jurídico, Juan Carlos Carrasco, hayan ejecutado las boletas de garantía sin consultar con el directorio y sin tener en cuenta que la ESM es una entidad descentralizada. Admitió que a la ESM le corresponde pagar a la JSP el monto ordenado por la CIC, dijo que “deslinda responsabilidades” y que no autorizará el pago porque las acciones fueron inconsultas.
Por su parte, el abogado de JSP en Bolivia, Jorge Valda, dijo ayer a este medio, desde La Paz, que el pedido de nulidad anunciado por Navarro no corresponde porque la ESM reconoció la competencia de la CIC, nombró a sus árbitros, siguió todos los pasos y pidió complementación que fue rechazada.
“Entonces ¿qué nulidad puede haber en un acto plenamente consentido por las partes? El fallo no les favoreció en derecho, pero no puede ser utilizado como excusa para intentar la nulidad”, señaló.
Explicó que el recurso puede ser interpuesto ante un juez civil y que si lo hace ante la CIC el rechazo “será más rápido”.
En días pasados, Navarro dijo que la CIC tomó en cuenta el Código Procesal Civil, norma que ya no está vigente en Bolivia y por esa razón se presentará el recurso de nulidad.
$us 105.000 en multas
El abogado de la JSP en Bolivia, Jorge Valda, recordó que además del pago de los 22,5 millones de dólares, ordenado por la CIC a favor de la empresa india, la ESM debe pagar una multa por día de retraso en el cumplimiento del fallo que fue fijada en 3 mil dólares a partir del día de notificación.
La ESM fue notificada el 18 de agosto pasado, lo que supone que hasta ayer la multa llegó a los 105 mil dólares.
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